La vivienda social en Colombia enfrenta una encrucijada financiera que ha dejado a miles de familias pagando simultáneamente arriendo y crédito hipotecario, sin poder habitar los hogares que ya firmaron y financiaron. El programa estatal ‘Mi Casa Ya’, reformulado en 2022, se convirtió en una barrera para quienes esperaban un alivio económico con subsidios de hasta 30 salarios mínimos, equivalentes a $42,7 millones. Hoy, ese alivio no ha llegado.
Y es que los procesos de adquisición de vivienda, que antes dependían de un flujo relativamente claro de asignación de subsidios, enfrentan nuevos cuellos de botella tras los cambios del Gobierno. Las familias que empezaron sus trámites en 2022 y 2023, y cuyas viviendas ya están construidas, no han podido acceder a los subsidios, pese a haber cumplido con todas las etapas previas: crédito aprobado, documentación en regla y cuotas iniciales pagadas.
Al momento de comprar una vivienda, las familias deben pagar el 30 % de su cuota inicial, para lo cual deben unir entre recursos propios y subsidios un valor determinado para recibir el aval de la constructora con el fin de continuar con el proceso. En este modelo, la constructora espera contar con los recursos de los alivios para hacer entrega de los inmuebles, pero debido a los líos en que ha estado el programa, el Ministerio de Vivienda no ha girado los recursos de estas personas y el programa ha perdido la confianza.
En el esquema, las familias pasan por distintas etapas: postulación, que se hace ante el establecimiento de crédito para cruce; interesado, que es quien supera el proceso, incluido el del Sisbén; solicitante, que es quien tenga crédito, avalúo con avance de 70 % y otros cruces; por asignar, que es la marcación de la entidad financiera, previa autorización de Fonvivienda; la asignación del subsidio a la tasa; escrituración; desembolso del crédito; marcación de la cobertura, si hay cupos y desembolso del subsidio a la tasa.
Con constructoras imposibilitadas para entregar las viviendas sin el cierre financiero completo, muchas familias deben asumir el arriendo de su residencia actual y al tiempo el pago del crédito hipotecario, generando una doble carga económica insostenible, que asfixia sus finanzas.
Sobre el número de afectados, este medio de comunicación consultó al Ministerio de Vivienda desde hace más de dos meses, pero a pesar de la insistencia no fue posible tener una respuesta. Igualmente, la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol, hizo la misma consulta desde el mes de febrero, la cual tampoco les han contestado.
No obstante, Camacol estima que, solo en el último año, más de 60.000 hogares están afectados por la falta de claridad y continuidad en las asignaciones del programa. Entre ellos, 14.762 ya tenían subsidios asignados, pero no recibirán la cobertura a la tasa de interés, lo que eleva la cuota mensual del crédito en un 30 %. A esto se suman 803 hogares, a los cuales se les revocó la cobertura, y más de 44.000 que aún figuran como “interesado-cumple” sin saber si el subsidio llegará o no.
En medio de la incertidumbre y desesperación, y sin más reparo, algunas de estas familias han tenido que desistir de su sueño de tener vivienda propia, lo que no solo los deja con un profundo vacío, sino también, en muchos casos, sin el 90 % de los recursos consignados a las fiducias de las constructoras, porcentaje que corresponde a la penalidad por desistir del negocio.
Actualmente, el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) es de 150 salarios, es decir, a 2025, $213,5 millones. El 30 % de este valor son $64 millones, lo que significaría que las familias perderían cerca de $57,6 millones de sus ahorros.
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